Informe Latinoamericano - 23 de Febrero de 2007

El gabinete de seguridad se reunió dos veces el 20 de febrero, en medio de advertencias de altos ministros que los mexicanos deben prepararse para más ataques de los narco-pistoleros. El gobierno estaba conmocionado por el intento de asesinato, el 19 de febrero, de un diputado federal (y ex alcalde) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ciudad de frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas acosada por las drogas. Ese intento de asesinato siguió al asesinato de un prominente miembro del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango, en enero, y sugiere que los partidos polí­ticos ya han sido influenciados por el dinero de la droga.

Hubo recientemente un marcado cambio de tono en los comunicados del gobierno sobre cómo se desarrolla la guerra contra los narco-pistoleros. El gobierno ahora está enfatizando cuanto tiempo espera que dure la guerra y la escala de las tareas que confronta. El ministro del interior, Francisco Ramí­rez Acuña, dijo el 18 de febrero que el gobierno habí­a lanzado un ataque frontal sin precedentes sobre el crimen organizado. Y agregó: "Estamos recobrando el territorio [nacional] para nuestros niños." Al gobierno le faltó poco para acusar al ex presidente Vicente Fox de permitir que la situación del narco-crimen esté fuera de control, pero sus partidarios en los medios no fueron tan crí­ticos.

El más alto funcionario de la ley del gobierno, el fiscal general, Eduardo Mora Medina, dijo en una reunión de fiscales generales regionales, el 20 de febrero, que llevará al menos dos años para ganar la guerra. El Presidente Felipe Calderón y el ministro de defensa, General Guillermo Galván Galván, advierten que es inevitable más violencia. Ellos afirman que las ofensivas están causando daño a los narco-pistoleros, que arremeten en represalia.

Eso luce como una interpretación muy amable de los recientes eventos. La visión alternativa es que los narco-pistoleros no han notado las ofensivas contra las drogas. Las ofensivas, debido a la pobre inteligencia, ha dado muy pocos frutos en arrestos e incautaciones de drogas. La mayor violencia, en esta visión, se debe a que los narco-pistoleros siguen con su criminal actividad como siempre. Vale señalar que las afirmaciones estadí­sticas del gobierno sobre los resultados de sus ofensivas son muy cuestionables. El ministro de seguridad pública, Genaro Garcí­a Luna afirmó, el 18 de febrero, que las ofensivas del gobierno federal virtualmente habí­an erradicado tanto la amapola opiácea como la marihuana. El gobierno dijo que fueron destruidas 3.873 ha de marihuana y 3.324 ha de amapola opiácea desde el inicio de las ofensivas el 6 de diciembre.

La cifra de erradicación de la amapola opiácea luce muy imprecisa. El gobierno de EU estima que en 2005 sólo 3.300 ha se dedicaban al cultivo de la amapola opiácea en todo México. La UNODC, Oficina de Drogas y el Crimen de la ONU, señalan que México no proveyó ningún dato de cultivo para el informe 2006 de UNODC sobre cultivo de la amapola opiácea. Más perjudicial para las afirmaciones de éxitos del gobierno fue que no hubo ningún arresto de importantes narcos. El arresto de más alto perfil hasta ahora es el del ex vice-fiscal general asistente de Durango, Hugo Armando Reséndiz Martí­nez. Fue acusado de estar involucrado en el asesinato de dos pilotos, un agente federal y un empresario (hasta ahora, innominados) en Nuevo León. Reséndiz Martí­nez podrí­a también ser acusado del asesinato de Jaime Meraz, un ex presidente del PRD en Durango. Meraz fue asesinado, junto con su esposa, su hijo y el chofer, el 15 de enero.

Compromiso total
El 18 de febrero, el gobierno mexicano anunció que extendí­a sus ofensivas antidrogas a Nuevo León y Tamaulipas. Eso significa que ocho de los 32 estados del paí­s son ahora objeto de ofensivas del gobierno federal. Los otros seis son: Michoacán; Baja California; Guerrero; Sinaloa; Chihuahua y Durango (llamado triángulo dorado de la droga). El ministro del interior, Francisco Ramí­rez Acuña, dijo que 2.035 soldados; 750 marines y 516 oficiales de la Policí­a Federal Preventiva habí­an sido despachados a Tamaulipas y Nuevo León.

El General Galván trató de alejar las dudas cuando declaró que estaba seguro que el gobierno ganarí­a la guerra contra los narco-pistoleros. Rechazó las afirmaciones que el gobierno habí­a sido rebasado por las bandas de drogas. Y repitió la lí­nea oficial que la guerra no se ganarí­a en un dí­a sino en años. Galván enfatizó que el gobierno comprometí­a todas sus fuerzas en la lucha. Hablaba luego de la apertura de una exhibición en el senado, "Un Ejército para la Paz".

Intento de asesinato
El intento de asesinato de Horacio Garza, diputado federal del PRI en Nuevo Laredo, cerca de las 19:00 hs el 19 de febrero, destacaba cuan sombrí­a es la situación de la ley y el orden en Tamaulipas. Su chofer fue muerto y el propio Garza quedó malherido, aunque pudo describir su experiencia a los periodistas el 21 de febrero. Su auto fue acribillado a balazos cuando iba al aeropuerto. Garza fue dos veces alcalde de Nuevo Laredo (1993 a 1995 y 1991 a 2001). El ataque a Garza no fue la única mala noticia para el gobierno, de estados donde ha lanzado ofensivas. En Michoacán, donde se iniciaron las ofensivas antidrogas, cuatro miembros de una banda de baile fueron asesinados el 18 de febrero.

Otro problema que afronta el gobierno es que la violencia de la droga surge en estados que han sido razonablemente pací­ficos. Es posible que el asesinato de cuatro policí­as del estado en Aguascalientes el 15 de febrero, sea el resultado de la ofensiva en el vecino Michoacán, pero el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, tiene dudas al respecto. Dijo que las bandas de drogas han estado preparando sus operaciones en el estado.

Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón, no admitió que la batalla con las bandas de drogas, estaba perdida, pero admitió que se han vuelto más fuertes en años recientes. Aguascalientes es un estado pequeño, pero próspero, controlado por el PAN, dominado por la enorme planta de Nissan.

Los policí­as del estado fueron asesinados luego que fueron avisados sobre un hombre que transportaba uniformes de la policí­a y armas. La policí­a arrestó a dos sospechosos, pero otros miembros de la banda aparecieron y abrieron fuego contra los policí­as. Tres de ellos, incluido un capitán de la policí­a, fueron muertos en el tiroteo y otro murió en el hospital. Otros cuatro policí­as fueron heridos, y también uno de los pistoleros.

La investigación de la policí­a condujo al arresto de tres pistoleros luego del allanamiento de una de las casas seguras de la banda. Se incautaron además de cinco AK-47, gas lacrimógeno, municiones, radios y uniformes negros. Además, la policí­a halló lo que creen que es un cementerio de los narco-pistoleros. Donde los pistoleros enterraban cuerpos de gente que los traicionaban.